historia y politica

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*Trabajo leído en el Salón de Sesiones de la Academia Nacional de la Historia el 30 de octubre de 2014 en
la Conferencia Anual de la Cátedra José Gil Fortoul.
**Profesor de la Universidad Simón Bolívar USB. Doctor en Historia Universidad Católica Andrés Bello,
UCAB. Visiting Professor Texas A&M University TAMU, 2002. Autor del libro “Militares y control civil
en Venezuela”. ULA-USB. 2013.

LAS FUERZAS ARMADAS Y LA TENTACIÓN PRETORIANA*
Hernán Castillo**
Manteniendo la tradición académica le expreso a los directivos y miembros de la Academia Nacional de la Historia ANH, mi profundo agradecimiento por la invitación a dictar la conferencia José Gil Fortoul correspondiente a este año. Es un honor, pero principalmente un privilegio, tener la oportunidad de exponerle a esta distinguida asistencia de prestigiosos estudiosos de la historia, y al país en general, mi esfuerzo de interpretación y explicación de las que, a mi manera de ver, constituye una de las raíces más profundas de la tragedia histórica venezolana: la intervención de los militares en política.
Los ejes sobre los cuales van a girar estas palabras son dos; por un lado, un polisémico término que no está en el Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Polar, tampoco en el clásico Diccionario de Política de Norberto Bobbio, pero sí está ampliamente desarrollado en la Enciclopedia Universal Europea-Americana y en la Enciclopedia del Idioma: el pretorianismo militar. Y por otro lado, la secular inexistencia de un efectivo control civil sobre las Fuerzas Armadas venezolanas.
La conferencia se titula: “Las Fuerzas Armadas y la tentación pretoriana”, básicamente porque tentación es una fuerza interior que nos lleva a hacer algo malo. Y no ha existido nada más perjudicial políticamente para Venezuela, que el mantenimiento de las condiciones que han permitido el incubamiento y desarrollo del mutante virus pretoriano entre nuestras Fuerzas Armadas.
Este escrito que voy a leer remite en buena parte al marco teórico de mi tesis doctoral en Historia en la Universidad Católica Andrés Bello UCAB publicado originalmente por la Universidad de los Andes ULA y la Universidad Simón Bolívar USB a finales del año 2013 en mi libro “Los militares y el control civil en Venezuela”; esa sección posteriormente fue publicada por el Instituto Iberoamericano de Berlín, Alemania, en el libro “Venezuela Heute”. Luego fue publicado por la revista “Politeja”, de la Universidad Jaguelónica, Polonia. Esa universidad fue fundada en 1364, cerca de ciento treinta años antes de la llegada de Cristóbal Colón a Venezuela, con el nombre de Academia de Cracovia; luego, cuatrocientos cincuenta y tres años después, en 1817, le cambiaron el nombre por Universidad Jaguelónica, nombre que mantiene hasta hoy día. Y próximamente será publicada en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia ANH.
El tema esencial, yo diría el aspecto clave, para comprender el proceso político venezolano, luego de la creación del Ejército nacional por Juan Vicente Gómez, es paradójicamente uno de los temas menos estudiado por la sociedad civil, para ser más preciso, me refiero a las relaciones civiles y militares venezolanas y la seguridad y defensa del Estado democrático. Hay varias razones que explican por qué la academia
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venezolana, con importantes excepciones, no ha tenido entre sus prioridades la investigación rigurosa de este problema histórico. Entre otras, no ha sido posible y también creo que no nos hemos propuesto hacer el esfuerzo por eliminar el tabú que existe sobre los estudios militares. Estos trabajos en cierta forma son percibidos como peligrosos, en donde el investigador académico corre riesgos, especialmente el tema del control civil de las Fuerzas Armadas es una de las áreas más sensibles.
La problemática de las relaciones civiles y militares en sociedades institucionalmente frágiles como Venezuela tiene características dramáticas, en donde entre otros problemas importantes, el lugar y la función que deben ocupar los militares en la sociedad y el Estado no está absolutamente claro. Brian Loveman (1999) así lo plantea en su libro “Por la Patria”, este es probablemente el estudio más completo sobre la evolución histórica del rol político que han desempeñado los militares en América Latina, desde la Colonia hasta finales del siglo pasado, aunque lamentablemente no estudia en detalle el caso Venezuela.
Nuestra élite civil y dirigencia nacional en general, particularmente la representada en el Parlamento y en el máximo Tribunal de Justicia del país, en ciertas ocasiones ha mantenido en igualdad de plano la relación entre civiles y militares, incluso, a veces ha auspiciado la supremacía militar sobre la sociedad civil; cuando debe ser al contrario, asegurar la supremacía civil sobre lo militar. O mejor dicho, garantizar la subordinación militar al sector civil de la sociedad, tal como funciona en las sociedades democráticas modernas del mundo occidental. La idea de la unión cívico militar es una peligrosa desviación civilizatoria que amenaza la supervivencia de la sociedad civil, ya que los militares en esa entidad están armados y los civiles sólo disponemos del ejercicio de la libertad de expresión del pensamiento y de organización democrática.
Para Venezuela, la abusiva intervención política de los militares y sus orígenes ideológicos en el siglo XX, comienzan así:
El pretorianismo parte de la convicción de que es el Ejército el que debe llevar la patria a la grandeza (…) y al inventársele al Ejército moderno la tradición que lo empalma con los Padres de la Patria se le estaba dando una carga ideológica que escapaba, largamente, de las sanas intenciones (…) que siempre tuvo López Contreras (Straka, 2003: 38-39).
En definitiva se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que el pretorianismo venezolano tiene su naturaleza histórica en la exaltación del papel que jugó el Ejército de Simón Bolívar en la guerra de independencia y, luego, en la creación del Ejército nacional por Juan Vicente Gómez.
Ahora bien, Gene Bigler, primer estadounidense en estudiar académicamente el tema de las relaciones civiles y militares venezolanas, plantea el surgimiento y consolidación de nuevos parámetros, una vez fuera del poder el pretorianismo
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perezjimenista. Parámetros centrados entre dos grandes aspectos: el proceso de profesionalización militar y el sistema sociopolítico en el que se desempeñó el estamento militar, con cinco factores principales que sirvieron de base para institucionalizar el control civil de los militares, luego de 1958. 1. La cohesión de las elites. 2. El alto prestigio del liderazgo civil. 3. El fracaso de los militares en la dirección del Estado. 4. El sentimiento antimilitarista de la sociedad, y 5. La profunda división de la institución militar. La combinación de este grupo de factores impuso la visión del Estado, primero en el Pacto de Punto Fijo y luego en la Constitución de 1961. Por último, la importante amenaza que representó el apoyo de la revolución castrocomunista cubana terminó por establecer las bases para lograr el respaldo de la institución militar en su conjunto al experimento político que recién se iniciaba, ya que la lucha guerrillera y la violencia subversiva amenazaba mortalmente la propia existencia física de los militares y los organismos de seguridad del Estado (Bigler, 1981: 85-142 y 1982: 175-196). Este autor también alerta sobre cuatro grandes puntos de tensión y potenciales conflictos en las relaciones civiles y militares venezolanas, 1. El tema fronterizo y territorial, especialmente con Colombia, en el que las Fuerzas Armadas prácticamente tuvieron un poder de veto. 2. El escaso escrutinio, supervisión y contraloría de la sociedad civil y la opinión pública en general sobre los militares en problemas relacionados con el funcionamiento de la institución militar en su conjunto y problemas asociados con la seguridad y defensa nacional. 3. El restablecimiento de los derechos políticos de los militares, y 4. El nivel socioeconómico de vida de los militares y sus familiares.
Las características que le asigna Bigler a las relaciones civiles y militares en la democracia venezolana fueron circunstancias que permitieron mantener dentro de los mecanismos institucionales a los militares, pero eso no necesariamente significa la existencia real de control civil efectivo, tal como me propongo demostrar. En la historia de Venezuela no ha existido nunca un verdadero, efectivo e institucional control civil sobre sus Fuerzas Armadas. Afirmar que durante la vigencia del Pacto de Punto Fijo y la Constitución de 1961 existió control civil sobre los militares es un juicio superficial o al menos una ingenuidad política. Pero bien, si en Venezuela no ha existido control civil sobre las Fuerzas Armadas, ¿qué fue entonces lo que permitió que respaldaran el proyecto político democrático?
Los factores que de acuerdo con Bigler le dieron al sistema democrático las bases para institucionalizar el control civil a las Fuerzas Armadas, luego de 1958, no constituyen el desempeño efectivo del control civil sobre los militares, tal como veremos más adelante. Esos factores son los rasgos más sobresalientes del discurso para explicar la fortaleza de la actuación institucional de las Fuerzas Armadas durante los años que van de 1958 hasta 1998. Sin embargo, estoy de acuerdo y acepto que, durante la década de los años sesenta con la violencia subversiva guerrillera castrocomunista, ese grupo de factores ayudó decididamente a evitar que la situación se desbordara, se mantuvo la situación bajo control; y muy importante, se logró incorporar a los militares al nuevo proyecto. Pero lo que quiero decir es que, por el hecho de haber alcanzado objetivos muy
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importantes, no significa la existencia en el sistema político de mecanismos institucionales que garanticen un efectivo control civil de los militares. Bigler omite la presencia del elemento crucial: el pretorianismo, en otras palabras, la intervención abusiva militar en política. Es más, me propongo demostrar que las Fuerzas Armadas, a partir de la victoria militar sobre la izquierda subversiva marxista leninista en los años sesenta, se mantuvieron dentro del sistema y gradualmente fueron conquistando mayores autonomías, privilegios e independencias; al fin y al cabo eran ellos quienes exponían sus vidas, pero un efectivo control civil, no existía.
Es importante reiterar que los factores que propone Bigler no son indicadores de control civil. La especialización técnica de las funciones militares rigurosamente no se debe llamar profesionalización militar, además las actividades técnicas propias de la división del trabajo en la guerra subversiva fueron resultado de la intensificación de las amenazas que vivió Venezuela en esa década. El sentimiento antimilitarista del pueblo venezolano es resultado de la represión y del fracaso de los militares en la conducción del Estado, pero no implica control civil efectivo, aunque ese sentimiento puede actuar como una muralla cultural ante las pretensiones golpistas. Luego del fracaso del decenio militar, los distintos sectores pretorianos, resultado de la división política interna de las Fuerzas Armadas, se vieron forzados a respaldar el nuevo experimento democrático y principalmente se vieron en la necesidad de enfrentar conjuntamente la subversión armada comunista pero, debo insistir, esa conducta no significa control civil sobre las Fuerzas Armadas. Y la derrota de todos los alzamientos y rebeliones militares en Venezuela luego de 1958 tampoco significa control civil sobre los militares venezolanos; esas derrotas pueden significar, entre otras cosas, que los alzados no evaluaron correctamente las circunstancias ni los costos del fracaso de esas felonías. Pasaron cerca de treinta años para que se volvieran a presentar una serie de condiciones en el funcionamiento político y socioeconómico de la democracia que eventualmente, estimularon nuevos alzamientos en febrero y noviembre de 1992, y también fueron derrotados con los propios recursos de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, no obstante, el alto prestigio y la cohesión del liderazgo nacional, éste no tuvo la visión de atribuirle a los poderes públicos y a la sociedad civil facultades de un fuerte control civil sobre las Fuerzas Armadas, de hecho, apenas ciertos ascensos militares necesitaban la autorización parlamentaria. En conclusión, los militares pueden acatar y respetar la Constitución Nacional por múltiples y complejas razones, lo cual no significa necesariamente la existencia de un control civil efectivo y una verdadera subordinación al poder civil.
Este punto es clave, porque cuando S.E. Finer (por cierto, autor poco estudiado en nuestro ambiente académico) plantea el nivel de baja o mediana cultura política en su modelo teórico sobre las relaciones civiles y militares se refiere a que los civiles pueden gobernar pero otorgándoles a los militares total autonomía; es decir, la legitimidad de las autoridades civiles es importante pero refractaria a los militares. El modelo teórico de Finer sobre las relaciones civiles y militares lo veremos un poco más adelante.
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Ahora bien, el problema principal está, por una parte, en que en el análisis, a veces, se desestiman la herencia cultural y las profundas fuerzas de la historia venezolana. Y por otra parte, se tiende a obviar la conciencia histórica que tienen las Fuerzas Armadas sobre la significación del rol que han jugado en la política venezolana, de modo que la herencia militar pretoriana tiene largas y raíces muy profundas en nuestra historia. De tal manera que en las relaciones civiles y militares venezolanas todavía hay problemas históricos importantes que deben sacarse a la luz para que el siglo XXI, que recién comienza, sea plenamente el siglo de la sociedad civil, tal como el siglo XIX fue de los caudillos y el siglo XX de los militares, según decía Domingo Irwin.
La amenaza pretoriana con sus ofensivas, avances y repliegues siempre ha estado presente históricamente en Venezuela, pero eso no es lo más grave; lo más grave es que el pretorianismo se ha incubado y desarrollado por el propio desprecio, ignorancia, permisividad, tolerancia y desconocimiento teórico de nuestra dirigencia civil, del enorme poder destructivo de la abusiva intervención de los militares en política, lo que en definitiva ha bloqueado la posibilidad de establecer un efectivo control civil sobre las Fuerzas Armadas. Sin embargo, pareciera que sólo luego de las experiencias históricas de estas últimas tres décadas estamos empezando a tomar conciencia de la profundidad del problema. El pueblo venezolano ha demostrado que tiene suficientes reservas democráticas y valores libertarios y en condiciones muy difíciles sigue dando la pelea. Soy optimista: si mantenemos la resistencia civil no es tarde para, finalmente vencer la posibilidad de que el pretorianismo haga metástasis.
El pretorianismo alimenta su potencial destructivo en la fragilidad institucional, en el sobredimensionamiento de la institución militar, pero principalmente, en la baja o mediana cultura política (Finer 1969: 221), entre otras cosas importantes.
Sobre el poder de los militares en Venezuela, Irwin plantea la teoría según la cual en el siglo XX se produjo un fenómeno histórico que llama “contubernio, fusión, entente, acuerdo no escrito, simbiosis, entendimiento militar-civil, control parcial negociado, mediatizado y condicionado entre el sector civil y la institución castrense”.
El sector militar, indirecta o directamente, ejerce primacía o predominio dentro de ese entendimiento mutuo. Este se expresa políticamente, por lo que es también una relación político-militar, o un grupo de militares, o la institución castrense, logran una ventajosa y hasta dominante relación de poder para con el sector civil de la sociedad. El resultado de esta simbiosis militar-civil y político-militar es el fracaso por consolidar un autentico control civil en la realidad del siglo XX. (Irwin 2000:10)
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Pero me interesa resaltar la naturaleza de ese modelo de relaciones civiles y militares venezolanas, según Irwin:
Pero, fundamentalmente, surge una comunidad de intereses entre el gobierno de los partidos reformistas y los militares al enfrentarse a un enemigo común: la guerrilla de orientación marxista leninista apoyada logísticamente desde Cuba gobernada por Fidel Castro. Esta situación reafirma la influencia estadounidense, refuerza la tendencia de orientación profesional entre la oficialidad venezolana y contribuye a neutralizar el protagonismo político a la oficialidad pretoriana. Partidos políticos y Fuerzas Armadas redefinen sus áreas de influencia y competencia, durante 1958-1962. La secular simbiosis de poder entre militares y civiles entra en una nueva fase de reacomodo, mas no desaparece. La tradicional política militar encuentra nuevas formas de expresarse, deja de lado su condición visiblemente protagónica, pero se mantiene como un factor clave de poder. (Irwin 2000: 98-99)
En otras palabras, por la victoria militar de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión castrocomunista, luego de las presidencias de Rómulo Betancourt (1959-1964) y Raúl Leoni (1964-1969), se produce un reacomodo, una “alianza entre iguales”, pero control civil no hay y menos hay subordinación militar al sector civil. Y así, por reciprocidad del sector civil a los militares, por la derrota militar de las guerrillas y el apoyo al experimento democrático recién iniciado, fueron gradualmente apareciendo en el sistema político una serie de inmunidades, independencias, autonomías, privilegios discrecionalidades y áreas de influencia y monopolios para las Fuerzas Armadas venezolanas.
Ahora bien, antes de los años de la lucha armada en Venezuela, el sector político venía de una difícil lucha clandestina de los partidos políticos contra el régimen militar entre 1948-1958. La resistencia estuvo principalmente en los hombros de Acción Democrática AD, el Partido Comunista de Venezuela PCV y en menor medida en COPEI y URD. Sin embargo, luego de derrocada la dictadura militar, las organizaciones partidistas surgieron como los principales protagonistas civiles de la democracia. Un sistema bipartidista fuerte representado por AD y COPEI solapó la excesiva intervención política de los militares durante los cuarenta años que van de 1958 hasta 1998 con el triunfo electoral del teniente coronel Hugo Chávez. Pero el punto es que durante esos cuarenta años no hubo un sistema real y efectivo de mecanismos institucionales de control sobre las Fuerzas Armadas. En la dirigencia de AD no sólo había conciencia del peso de los militares y gravitaba sobre la dirigencia civil el enorme sacrifico y costo humano que significaron las persecuciones, torturas muertes, prisiones, exilio, los campos de concentración de Guasina y Sacupana, etc., sino que también pesaba la experiencia del trienio 1945-1948 unido a una cierta concepción maniqueísta según la cual a los militares se podía manipular con ciertas prebendas materiales, lo cual en el fondo significaba un grave error, pero principalmente implicaba también una carga despreciativa hacia ellos.
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Una vez derrotada la dictadura se implementan una serie de decretos para someter a los militares, pero no para controlarlos. En vez de complementar esas medidas de sometimiento con mecanismos institucionales de control civil por parte de los poderes públicos del Estado, se empezó a darles prerrogativas que lesionaban el control civil y así comenzaron gradual y silenciosamente a recuperar importantes niveles de influencia. Ahora ya no ejercían el poder abierta y directamente como en los años de la dictadura, sino a través del chantaje al sector civil, tal como veremos un poco más adelante, cuando examinemos el “segundo orden de cultura política” del modelo teórico sobre las relaciones civiles y militares propuesto por S.E. Finer. Pero el error fue todavía más grave: el nuevo experimento político le confirió a las Fuerzas Armadas el papel de árbitros de la democracia, en el sentido expuesto por Amos Permutter (Irwin 2003: 18-19) y Eric Nordlinger (Irwin 2003: 40 y 151).
De tal manera que los privilegios del sector militar en algún momento hay que comenzar a desmontarlos, especialmente los políticos, sin llegar a lesionar el papel y la función técnica e institucional de los uniformados. En aquellas democracias donde funciona la plena subordinación de los militares y el control civil, los comandantes de Fuerzas no necesariamente son militares, igualmente el ministro de la defensa puede ser un civil. La titularidad de un civil al frente de la política de seguridad y defensa paradójicamente permite despolitizar a los altos mandos militares y concentrarlos en sus funciones técnicas y operaciones directamente asociadas con la aplicación de la violencia.
La Contraloría interna de las Fuerzas Armadas debería tener algún tipo de supervisión por parte de una institución civil independiente, especialmente la vigilancia sobre esa fuente de corrupción en que se han venido convirtiendo los negocios de las adquisiciones de sistemas de armas para las Fuerzas Armadas. El Parlamento debe disponer de las más amplias y expresas facultades de control, supervisión y seguimiento del gasto e inversiones militares. Al igual que el Parlamento debería también tener injerencia directa en el debate sobre la conveniencia o no de compras de tecnología militar. Actualmente todo tipo de administración presupuestaria y financiera militar en Venezuela es secreta, mientras que los procedimientos de control presupuestario de defensa por parte de las autoridades civiles son inexistentes.
Otro privilegio que tienen las Fuerzas Armadas y que gradualmente fueron consolidando como resultado de la Guerra Fría fue la clasificación como secreto militar de cualquier documento o información relacionada con la seguridad y defensa del Estado, incluso, por más banal que fuese, lo que ha traído como consecuencia que los estudios sobre la seguridad y defensa, el pensamiento estratégico y las relaciones civiles y militares son prácticamente exclusividad militar. En este sentido, la formación de civiles especialistas y académicos resulta muy difícil. Pero lo más grave es que amenazan
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con invadir otros campos de estudio como el terrorismo, la narcoguerrilla, y el paramilitarismo, entre otros.
Los militares tradicionalmente se habían reservado algunas posiciones claves en la administración pública descentralizada y en ministerios como la Cancillería y Transporte y Comunicaciones, pero el paroxismo llega con la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, con el gobierno del teniente coronel Hugo Chávez, en que se hace masiva la invasión y ocupación militar de toda la burocracia estatal en donde, entre otros privilegios, los militares constitucionalmente tienen un sistema de seguridad social propio, distinto y separado del que rige a todos los empleados de la administración pública.
La autonomía en materia del funcionamiento de los servicios secretos de inteligencia militar ha sido absoluta, actúan a sus anchas, y han estado fuera de todo control, profesionalismo y auditoria civil.
Otra área de privilegios es la aplicación de la justicia cuando a delitos civiles cometidos por militares se les aplica el código de justicia militar y cuando a civiles, por razones políticas, se les aplica la justicia militar.
Finalmente otra de las más importantes autonomías de las Fuerzas Armadas: todos los institutos y centros educativos militares y la formación de valores democráticos, entre las Fuerzas Armadas, requieren de la supervisión y control civil de los objetivos y la administración de los contenidos curriculares, los cuales tradicionalmente han estado en sus propias manos, fuera de todo tipo de vigilancia de las autoridades educativas civiles nacionales. Esto no es nuevo y forma parte de una terrible herencia. Luego de la victoria militar sobre la subversión castrocomunista en los años sesenta, en los comienzos de la década siguiente, en 1973, el virus pretoriano tiene una importante mutación: la implementación de la reforma de los estudios militares en el Plan Educativo “Andrés Bello”.
El pretorianismo venezolano tiene sus orígenes en el mantenimiento en las escuelas de formación militar y en la educación cultural venezolana en general de un conjunto de mitos, como por ejemplo, entre otros, aquel mito que tiene que ver con el establecimiento de relaciones artificiales entre el papel jugado por las fuerzas armadas en la defensa de la integridad territorial y la soberanía nacional, y la preservación de la democracia, con las luchas de Simón Bolívar en su época, cuando en realidad, rigurosamente, esas situaciones no tienen ningún vínculo, el ejército que creó Gómez y las fuerzas armadas que le sucedieron no tienen nada que ver con el ejército del Libertador (Irwin 1999: 31-50).
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Con el Plan Educativo “Andrés Bello”, los subtenientes ya no eran exclusivamente formados para dirigir las Fuerzas Armadas y sus operaciones militares; académicamente pasaban a ser licenciados con nivel universitario y alguna especialidad o mención, lo cual les permitía continuar estudios de postgrados. Ahora, el objetivo del latente pretorianismo militar para las nuevas promociones de oficiales egresadas bajo el plan “Andrés Bello”, pasa a ser el liderazgo nacional y la participación en el Desarrollo de Venezuela, el mismo objetivo de las promociones de ciudadanos civiles egresados del sistema nacional de las Universidades Autónomas.
No obstante, esta reforma educativa también crea una serie de tensiones en la institución castrense. El “Plan Andrés Bello” introdujo un elemento que en una medida importante fue análogo a la situación que se planteó cuando la presidencia del general Isaías Medina Angarita (1941-1945). Cuando la presidencia del general Medina Angarita, los Oficiales egresados de la Escuela Militar se percibían a sí mismos académicamente superiores a quienes habían obtenido sus jerarquías en la guerra civil, en los cuarteles, sin estudios profesionales. Y luego, con el desplazamiento y purga de los militares gomecistas “chopo e´ piedra”, el liderazgo pasa a manos de una generación de jóvenes formados en la Escuela Militar y en cursos de Estado Mayor en el exterior, entre los que se encontraba el Mayor Marcos Pérez Jiménez, que posteriormente en 1948, derrocan por un Golpe de Estado, a uno de nuestros más célebres escritores e insigne representante de la sociedad civil venezolana, Rómulo Gallegos.
Resultado de la aplicación de la reforma educativa militar del plan “Andrés Bello”, se fueron organizando distintas promociones de militares que luego conformaron la logia militar de “los comacates”, entre las que se encontraba el teniente coronel Hugo Chávez. “Comacates” es un acrónimo que pone en una palabra los grados militares de comandantes, mayores capitanes y tenientes. Los militares, especialmente en el Ejército, formados en el plan educativo “Andrés Bello”, se fueron percibiendo, a sí mismos, como preparados para dirigir la sociedad y el Estado venezolano. Todas esas promociones de militares que se formaron bajo los parámetros de la reforma educativa del plan “Andrés Bello”, son coetáneas con las generaciones de militares golpistas contra el gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez en 1992; ubicados en las más altas posiciones del Estado venezolano, desde 1999 hasta hoy día.
La reforma del Plan Educativo militar “Andrés Bello” empezó a implementarse en 1973, a finales del primer gobierno de Rafael Caldera (1969-1973) y las primeras logias militares durante la vigencia del Pacto de Punto Fijo empezaron a formarse en los inicios, también, en la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez (1973-1979) (Irwin 2008: 249).
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Pero a estas alturas del análisis, la pregunta es la siguiente: si en Venezuela no hemos tenido control civil sobre las Fuerzas Armadas, entonces ¿qué hemos tenido? Buena parte de la respuesta, a mi manera de ver el problema, la encontramos en lo que S.E. Finer (1962) en su modelo teórico sobre las relaciones civiles y militares llama el “segundo orden de cultura política”. La característica principal de este orden es que los civiles pueden gobernar pero dándole a los militares total autonomía e inmunidad institucional; es decir, la legitimidad de las autoridades civiles es importante pero refractaria a los militares. Y los aspectos cruciales del funcionamiento del “segundo orden de cultura política” son el “blackmail”, el contubernio, la rivalidad, la intimidación, la amenaza de no cooperación, e incluso amenazas de violencia contra las autoridades civiles, como formas de intervención política militar. Con relación a la traducción del significado de la palabra “blackmail”, es una palabra inglesa que ideológicamente se traduce como chantaje, pero la versión castellana del modelo teórico de Finer (1969: 221) la traduce literalmente como extorsión.
Pero considero que para nuestros propósitos, la traducción como chantaje pareciera más adecuada, ya que el chantaje no necesariamente implica el uso de la fuerza física. El chantaje está más asociado a la idea de presión psicológica para lograr algún tipo de dividendo o privilegio. En cambio, la extorsión política tiene un alcance mucho mayor a la presión y la amenaza psicológica. La extorsión implica el uso de la fuerza física, no para obtener ventajas o prerrogativas, sino para la usurpación. El chantaje es más sutil, la extorsión más directa, por lo cual el chantaje político se ajusta más para explicar la característica principal de las relaciones civiles y militares venezolanas. Pero sobre todo para explicar cómo fue que los militares, sin la existencia de control civil en el sistema político, enmarcaron su actuación en los parámetros constitucionales.
Continuando con la exposición del modelo teórico sobre las relaciones civiles y militares, S. E. Finer califica como maduro al “primer orden de cultura política” donde la legitimidad de las autoridades civiles es de capital importancia e inaccesible a los militares. La característica principal del funcionamiento de este primer orden de cultura política es la influencia a través de los canales institucionales de control civil del sistema. Así, la debilidad o ausencia de mecanismos institucionales para el control de la influencia militar en el sistema político no permite ubicar la actuación histórica de los militares venezolanos en el primer orden de cultura política del modelo de Finer, puesto que los mecanismos de influencia para la intervención de los militares en política estaban y siguen estando, ahora más que nunca, centralizados absolutamente en la figura del presidente de la República. En otras palabras, no hay mecanismos institucionales de control sino solo la voluntad del presidente de la República.
En consecuencia, luego del alzamiento del general Jesús María Castro León, en 1958, se produjeron en Venezuela una importante variedad de alzamientos militares, de
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todo tipo, que intentaban la intervención en política y el control del Estado; estos alzamientos no expresaban una representación y legitimidad institucional, al contrario, siempre su característica principal fue un enfrentamiento violento con las autoridades civiles legítimamente establecidas a través de la soberanía del voto popular. El primer orden de cultura política es, según Finer, propio de sociedades políticamente desarrolladas donde el control civil y la subordinación militar están consolidados.
Retomando la línea argumental expuesta por S.E. Finer encontramos que el “tercer nivel de cultura política” se corresponde con un orden de cultura política bajo. Así, aunque la legitimidad de las autoridades civiles es relativamente importante sin embargo es fluida; lo cual significa que la legitimidad política de las autoridades civiles no es decisiva para este tercer nivel de cultura. La forma de intervención de los militares, en este tercer nivel de cultura política, se expresa a través de su negativa a defender a las autoridades civiles contra la violencia; incluso, pueden presentarse amenazas propias del segundo nivel de cultura política de no cooperación, pero también se pueden presentar acciones de violencia directa. En este nivel, la intervención política puede alcanzar el desplazamiento del gobierno civil.
El cuarto nivel es de mínima cultura política, en donde la legitimidad de las autoridades civiles no tiene ninguna importancia y la forma de intervención es la violencia y la suplantación del régimen civil. Esta es la forma más brutal de intervención militar en política.
La subordinación y sujeción militar al control civil exigen compartir valores y la visión acerca del futuro y la cultura política democrática de la sociedad; y no sólo eso, sino más aún, que ese grupo de valores y esa visión del futuro pasen a formar parte integral de las convicciones y creencias de la institución militar en su conjunto y de los militares mismos individualmente.
De esta manera, la autonomía del sector militar venezolano ha alcanzado una importante significación para el funcionamiento del sistema político que ha ido mucho más allá del alcance planteado por el propio Pacto de Puntofijo. Es decir, el acuerdo tácito entre la dirigencia nacional del sector civil, representado por la más alta dirigencia de los partidos AD y COPEI, entre otros sectores civiles, y los militares, consistió a mi juicio, en darle, una alta dosis de autonomía a la dirigencia militar en cuestiones vitales para la supervivencia de la sociedad civil, como las señaladas anteriormente.
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En efecto, la autonomía de los militares en un ambiente político donde las instituciones y los mecanismos de control civil son débiles o inexistentes revela mortales inconvenientes para la supervivencia del sistema democrático puesto que esa autonomía termina separando a los militares de los valores generales y la visión del futuro de la sociedad. Pero más importante simultáneamente es que, el sector civil pierde el control sobre los militares y sus instituciones.
Uno de los mecanismos más característicos de la separación de la sociedad civil y los militares, pero potencialmente peligroso en países con bajos niveles de cultura política e institucionalmente frágiles y débiles como es el caso de Venezuela, es cuando los militares, individual o colectivamente, comienzan a formularse teorías especiales sobre su papel en el Desarrollo del país. Especialmente las teorías referidas a la seguridad y defensa del Estado orientadas a justificar su intervención en la política y la búsqueda del poder del Estado. La Constitución Bolivariana de 1999, en el artículo 328, en relación con las misiones militares, entraña el virus pretoriano de mayor potencial destructivo cuando, textualmente, consagra la participación activa de las Fuerzas Armadas en el Desarrollo nacional de la siguiente manera:
La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica.
En este sentido, Richard Kohn apunta que el rol de los militares es la defensa militar de la sociedad y del Estado. El rol de los militares no es el de plantear y ofrecer definiciones teóricas, políticas, económicas o de cualquier otro tipo sobre el tipo de sociedad y Estado a la cual pertenecen (Kohn 1997). La participación activa de los militares en el Desarrollo nacional debe estar limitada y circunscrita a la implementación operativa, bajo un efectivo control civil, de la seguridad y defensa militar de la sociedad y el Estado venezolano, no más allá. Esa debe ser su específica contribución al Desarrollo de la nación. Las definiciones políticas y estratégicas le corresponden en cambio al sector civil.
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Cuando los militares comienzan a intervenir en áreas que trascienden el campo de la seguridad y defensa, con sus propias interpretaciones teóricas, se inicia el germen del desconocimiento de la subordinación y sujeción militar al sector civil. Esas teorías de origen militar acerca del Desarrollo se ven usualmente complementadas con interpretaciones interesadas de la historia. El ejemplo de la interpretación que hizo el teniente coronel Hugo Chávez, como militar, del papel jugado por Simón Bolívar en la historia venezolana, constituye un buen ejemplo del daño que esas caprichosas interpretaciones le pueden ocasionar a una sociedad, tal como lo han demostrado en sus trabajos diversos intelectuales como Ana Teresa Torres, Elías Pino, Germán Carrera Damas, Diego Bautista Urbaneja, Rafael Arraiz Lucca, Manuel Caballero, Luis Castro Leiva y Tomás Straka, entre otros escritores. Igual medios de comunicación social independientes como Teodoro Petkoff, en la dirección del Diario “Tal Cual”; Organizaciones No Gubernamentales como “Control Ciudadano de las Fuerzas Armadas”, que coordina Rocío San Miguel, y la Universidad venezolana en general viene dando una lucha ideológica importante, contra el empeño del régimen actual en militarizar la vida venezolana.
En síntesis, el problema de la politización de los militares, y del pretorianismo en general, se origina durante su proceso de formación y educación; es en ese momento cuando se comienzan a elaborar teorías que separan y establecen diferencias entre categorías, como el cumplimiento de las responsabilidades, el deber moral, la obediencia y lealtad hacia la nación, la institución castrense, el gobierno, la Constitución Nacional, el Ejecutivo, y el pueblo, entre otros. Es justamente allí donde comienzan a crearse las condiciones favorables para que se desarrolle y manifieste el pretorianismo. Es decir, en ese momento se está sembrando en la mentalidad militar el virus de la insubordinación, el desconocimiento de la autoridad y la falta de sujeción al control civil que, posteriormente, podría expresarse en la búsqueda del poder político a través de la posesión y uso ilegitimo de las armas del Estado, y eventual violencia en contra de la sociedad civil. Así pues, la pérdida de cohesión ideológica, al igual que la expansión de sus responsabilidades mas allá de su campo natural, conduce a los militares a su división y desintegración, pero también amenaza la propia existencia de la sociedad civil democrática.
Ahora bien, para Samuel Huntington, por ejemplo, la sociedad tiene dos formas básicas de asegurar el control civil. A través del control subjetivo, por medio de medidas constitucionales, institucionales, e incluso, mecanismos de superación social, y el control objetivo sobre los militares que se logra por medio del profesionalismo militar. Además, propone el profesionalismo militar como garantía contra la politización (Huntington 1957). Sin embargo, en América Latina y en general para las sociedades con bajos y medianos niveles de cultura política y debilidad institucional y política como la situación venezolana, el problema de la intervención de los militares en este campo parece que
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trasciende los parámetros teóricos del profesionalismo militar planteado por Huntington. Este es uno de los puntos centrales de la polémica entre Huntington y Finer. No obstante, el esquema huntingtoniano de control civil sobre los militares pareciera funcionar más adecuadamente para las sociedades democráticas del mundo industrializado y no para el conjunto de sociedades subdesarrolladas institucionalmente.
Lo que justamente diferencia a las democracias políticamente maduras de las democracias limitadas es precisamente el control que la sociedad civil ejerce sobre sus militares. Esta es una de las características, probablemente la más importante, entre las democracias modernas y desarrolladas con el resto de las democracias del mundo civilizado (Castillo 2003: 104).
La evidencia histórica, para esta parte del mundo, pareciera estar del lado de la tesis de Finer, en el sentido de que en ciertas circunstancias, que dependen principalmente del nivel de cultura política de la sociedad, los “profesionales militares” pueden ser sujetos de intervención política. Sobre todo cuando comienzan a plantear ciertas teorías que, muy subliminal y a veces abiertamente, establecen diferencias y se divorcian de los objetivos e intereses de la nación, la Constitución y el gobierno. Igualmente, cuando incurren en ciertas interpretaciones interesadas de la política y la economía sobre el papel que han jugado en la historia. Teorías que conducen fatalmente, a veces de una forma sutil, al desconocimiento de los controles y la subordinación militar ante la supremacía civil.
Según la tesis de Huntington no se puede afirmar absoluta y universalmente que el profesionalismo militar sea la variable clave para asegurar el control civil ya que no está demostrado históricamente para todos los casos. Además, el profesionalismo no parece ser en definitiva la garantía para impedir, limitar o incluso eliminar la politización de las Fuerzas Armadas y sus distintas formas de manifestación pretoriana. Se pueden encontrar situaciones en donde se presenten distintos niveles de profesionalización con diversos tipos de intervención militar en política, que pueden ir desde muy alto profesionalismo y politización hasta niveles muy bajos en las dos variables mencionadas.
Pero en cualquier caso, cualquier forma que cobren las relaciones entre profesionalismo militar y politización atenta y va en detrimento de la institucionalidad y en contra del control civil. En América Latina la situación de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, e incluso Venezuela últimamente, entre otros, es ilustrativa, sin mencionar numerosos casos en otras partes del mundo subdesarrollado. Así pues, tal como lo sostiene Finer, resulta insuficiente, para estas latitudes, explicar el control civil principalmente en términos de profesionalismo militar.
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En vista del poder y las características de la actuación política de los militares venezolanos y la ausencia de un efectivo control civil, rigurosamente no se puede afirmar que las Fuerzas Armadas venezolanas hubiesen alcanzado altos niveles de profesionalismo ni tampoco hemos tenido control civil. Ahora bien, si no hemos tenido un efectivo control civil y, sin embargo, los militares se han mantenido dentro del marco legal y constitucional hasta el punto, incluso, de que todos los alzamientos militares venezolanos después de 1958 fueron derrotados con los mismos recursos de la propias Fuerzas Armadas, entonces ¿qué tipo de militares hemos tenido en Venezuela? En relación a la situación venezolana, los parámetros teóricos de Perlmutter, a pesar de que él no examina en detalle nuestra situación, parecen ofrecer argumentos para intentar la siguiente explicación: una vez que el pretorianismo fracasa en el gobierno militar entre 1948-1958, hemos tenido a unos militares pretorianos en estado latente o potencial; y un ejército árbitro (Perlmutter 1977). Es decir, la dirigencia política civil permitió la existencia de unas condiciones propicias para que el pretorianismo latente se desarrollara, tal como efectivamente ocurrió, luego del triunfo electoral del teniente coronel Hugo Chávez. O sea, compartimos el planteamiento teórico de Irwin, el cual sostiene que luego de 1958 la dirigencia política civil venezolana pretendía saber sobre relaciones civiles y militares y control civil, cuando en realidad lo ignoraba y fue incapaz de manejar esa problemática.
El acuerdo de mutuo interés, no escrito, entre la alta dirigencia de AD y COPEI y los altos mandos castrenses, suponía estar en capacidad de controlar favorablemente el siempre presente potencial político protagónico del sector castrense criollo (Irwin 2003a: 203).
Recordemos que Perlmutter considera a los ejércitos como el principal instrumento de poder pretoriano y los clasifica en árbitros y gobernantes, así tendríamos entonces que nuestra institución castrense se ha comportado políticamente como un ejército pretoriano tipo árbitro, es decir que se perciben, a sí mismos, como no preparados para ejercer la conducción política del Estado directamente, mientras que los ejércitos pretorianos tipo gobernantes en cambio sí se perciben a sí mismos como preparados para ejercer la conducción política del Estado.
Ahora bien, si se sigue el modelo teórico de Eric Nordlinger, (1977) hemos tenido en Venezuela un ejército pretoriano tipo moderador.
Es decir, aquellos que:
Constituyen un poderoso grupo de presión que ejerce un poder de veto sobre las autoridades civiles pero sin pretender ellos tomar directamente el poder político. Se caracterizan por ser conservadores, defensores del status quo, los civiles gobiernan pero el gobierno es supervisado por los militares (Irwin 2003: 40).
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Pero, en lo fundamental, el liderazgo político civil venezolano no tuvo la capacidad, el interés, la voluntad y claridad política, consistencia conceptual y convicción doctrinaria, e incluso yo llegaría al extremo de afirmar que hasta la necesidad de implementar un conjunto de mecanismos y técnicas para ejercer un efectivo control civil sobre el histórico potencial pretoriano de los militares venezolanos. Actualmente la situación es tan extremadamente grave en Venezuela y el avance del pretorianismo ha alcanzado tan importantes niveles, que el propio Tribunal Supremo de Justicia, violando el artículo 328 de la Constitución, resolvió autorizar la intervención de los militares en actividades partidistas.
De tal manera que se puede afirmar que, en materia de relaciones civiles y militares venezolanas, luego del fracaso del pretorianismo gobernante del dictador Marcos Pérez Jiménez, la importante intervención política de los militares entre 1958 y 1998 y el gobierno del teniente coronel Hugo Chávez no hemos tenido subordinación y un efectivo control civil sobre los militares.
Luego de varios siglos de atraso institucional puede que el siglo XXI, que recién comienza, sea para Venezuela el siglo de la derrota definitiva del virus pretoriano y la supremacía final de la sociedad civil venezolana sobre los militares y sus instituciones armadas, a fin de que podamos resolver de una vez y para siempre, en palabras de José Gil Fortoul, a quién hoy le rendimos este homenaje “…el viejo conflicto entre el Poder Civil y el militarismo”.
“Cedant arma togae”
Cicerón
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